La diputada de Compromís Mireia Mollà ha afirmado hoy que “vamos a registrar una nueva pregunta parlamentaria a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para que aclare si piensa paralizar de una vez el PAI de La Nucia, un proyecto insostenible que hipotecaría el futuro del municipio”.
Mollà ha destacado que “después de que el TSJCV paralizara esta tramitación urbanística, la Conselleria aprobó de nuevo el plan parcial de manera incomprensible a finales del año pasado, pero aun así la justicia volvió a pronunciarse en contra del PAI este verano”.
“En este sentido, y ante la voluntad del equipo de gobierno de continuar adelante con el plan, queremos que la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, aclare cuál es la postura del Consell al respecto y que explique si acepta de una vez la necesidad de poner punto y final a un proyecto urbanístico salvaje vinculado incluso con la trama Gürtel”, ha destacado.
Para la diputada de Compromís, “es del todo lamentable que la Conselleria sea capaz de apoyar este plan para tapar las vergüenzas y la mala gestión del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, que ha dejado hipotecado el futuro del municipio con las 13 permutas que comprometió a empresas adjudicatarias de múltiples obras y que, en el caso del PAI del Algar, podría suponer el pago de más de 14 millones de euros por parte del Ayuntamiento al agente urbanizador y a una empresa constructora”.
En este sentido, el portavoz de Compromís per la Nucia, Pep Pastor, ha señalado que “la tramitación del PAI del Algar es un hecho extremadamente grave por el cual este equipo de gobierno tiene que dar muchas explicaciones y asumir las responsabilidades, de forma que esperamos que la Conselleria deje de ser cómplice en este asunto y reconozca de una vez la urgencia de tumbarlo”.
“Los habitantes de la Nucia nos merecemos unos representantes políticos que hagan del urbanismo una herramienta al servicio de la ciudadanía para mejorar la calidad de vida del municipio y no un instrumento para satisfacer determinados intereses particulares que, además, acaban pagándose con dinero público”, ha concluido.