El coportavoz de Compromís en las comarcas de Castelló, Carles Mulet, ha valorado hoy que después de la noticía publicada en el Economista ( http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/xtbjun/empresas-finanzas/noticias/6072476/09/14/los-consumidores-tendran-que-pagar-los-1400-millones-de-coste-de-castor.html#.Kku8Kq9UeaVNHk4) apenas después de un año de que se multiplicaron hasta más de 500 los seísmos provocados por la inyección de gas el almacén marítimo del Castor, y de la posterior paralización de la actividad y la renuncia a continuar adelante por parte de la empresa ACS y ESCAL, queda claro como de nuevo la administración central se ha preocupado más para asegurarle el negocio a Florentino Pérez antes de pensar las repercusiones que esto puede tener en todos los contribuyentes.
Según Mulet “ todo acaba donde nos temíamos, con el Castor en funcionamiento, o sin que funciono, esto provocará una subida abusiva en las tasas de gas a los consumidores, ya sean particulares o empresas, todo, porque como decíamos desde el principio, este proyecto no se hacía para mejorar lo suministro gasístic, sino que era una nueva operación especulativa, con la connivencia de los gobiernos centrales, primero de Aznar y después de Zapatero, y de los ayuntamientos de la comarca que al principio o lo aplaudían o callaban con complicidad”.
Para el portavoz ecosocialista “ nosotros hemos trasladado a las Cortes Valencianas y en el Congreso, una propuesta para que antes de aceptar las cláusulas abusivas del contrato donde aunque la concesionaria abandone el proyecto por una actuación negligente propia (que podría ser este caso), al no haber previsto los seísmos, podrían obligar a indemnizar la empresa con el coste limpio de la inversión, que en este caso sería de unos 1.700 millones de euros, salvo que la administración central pueda justificar causas de interés general. Por eso reclamamos que se busque una salida , y la salida está en las propias cláusulas que dejan abierta la puerta a hacer exepiciones en causas de interés general.
Desde Compromís se ha defendido alegar el interés general que puposa el coste de los 1.700 millones de euros y la propia seguridad pública frente al riesgo de los seísmos, y también, iniciar un proceso para depurar responsabilidades políticas a los gestores públicos que negociaron el contrato y autorizar el proyecto de almacén submarino, a pesar de los riesgos que implicaba, trasladando toda la información disponible a la fiscalía relativa a la totalidad del expediente que culminó con la autorización del almacén Castor para que, si se tercia se depuren las responsabilidades penales a qué pudiera dar lugar.
Igualmente, también se ha exigido iniciar los trámites necesarios para el desmantelamiento de la planta marina del Castor buscando la fórmula para que el calculado coste de 200 millones de euros de esa operación, no repercuta en la economía pública.
Según Mulet “ ninguna de estas propuestas ha sido todavía debatida, pero nos tememos que el Gobierno Central continuará con su táctica, que ha sido asegurarle al empresario recuperar el dinero invertido, y la fórmula más sencilla es pagarle, y las opciones siempre han sido si le pagamos entre todos en base en presupuestos públicos ,o los usuarios del gas mediante tasas astronómicas, y en los dos casos, es un atraco; Florentino hizo el Castor porque quiso y porque le dejaron, y nosotros, no tenemos ninguna culpa “