resposta 40267 re 87154 la vall
Sólo hacerse público que la fiscalía de Castelló acusaba al alcalde de la Vall d’Uixó, de un presunto delito de prevaricación por aprobar el pago de facturas superiores a 700.000 euros a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de residuos,a pesar de contar con la oposición del interventor del ayuntamiento, desde el grupo parlamentario de Compromís, la diputada autonómica Mireia Mollà, registraba una pregunta parlamentaria escrita dirigida al Consell pidiendo una valoración de cómo podría acabar salpicando este caso a la Consellera Isabel Bonig.
La pregunta se hacía días antes de hacerse oficial la imputación del alcalde de la Vall, y se recordaba que estas irregularidades se habrían cometido, mientras ostentaba la alcaldía de este municipio una consellera del actual Consell de la Generalitat. Entonces, el actual alcalde, era el concejal de urbanismo, y las facturas no se ajustaban a la realidad del contrato, según el fiscal, y se autorizaron a sabiendas del informe contrario.
Por eso, se preguntó como valoraba el Consell, y en especial la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente la imputación, y las repercusiones que puedan tener respecto a otras personas que entonces ocupaban el equipo de gobierno de este municipio, y si podía tener esta imputación algún efecto directo entre los actuales miembros del Consell.
La respuesta de Bonig, que puede acabar implicada en este caso al ser la máxima responsable municipal cuando se llevaron a cabo los hechos denunciados por la Fiscalía, es que “ el Consell y la Consellera respeta las normas del Estado de Derecho, y por lo tanto, sin perjuicio de la opinión que tenga respecto al asunto objeto de la pregunta, confía en el normal funcionamiento de la Justicia de cara al total esclarecimiento de los hechos y a la aplicación adecuada de las normas”
La pregunta, se le pedía valorar el hecho y las repercusiones, y es precisamente lo que evita Bonig hacer.