Los diputados de Compromís Josep Maria Pañella i Mònica Oltra, presentaran en les Corts Valencianes una proposición no de ley (PNL) en la línea de la presentada por el diputado Joan Baldoví en el Congreso de los diputados, en la cual se pide una serie de medidas concretas respecto al almacen subacuatico de gas Castor
Tal y como se ha expuesto en la PNL frente a la costa de Vinaròs, se tramitó en su día con la connivencia del gobierno central y el propio Ayuntamiento de Vinarós, que justificaron la decisión alegando que generaría puestos de trabajo en la comarca. La realidad no ha sido esa.
En la preceptiva tramitación para autorizar el proyecto no se preveían accidentes graves, se omitió el informe de seguridad, no había planes de emergencia interior, ni estudios sobreafecciones económicas en el turismo y la pesca, ni trabajos de impacto arqueológico en lasconducciones terrestres, ni un estudio serio sobre las potenciales repercusiones en el subsuelo,que como hemos visto, nos han llevado a no tener previsto la generación de cientos de seísmos en la comarca.
Este seísmos son los que han provocado la paralización de la actividad en la inyección de gas enel depósito desde septiembre de 2013, y en los informes encomendados con posterioridad, tantoel Instituto Geológico y Minero de España (IGME), como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) hanconfirmado una relación directa entra la inyección de gas en el almacén submarino con los terremotos.
El mecanismo de funcionamiento expuesto, incluidas las cláusulas abusivas del contrato, podrían obligar a indemnizar a la empresa con el coste neto de la inversión, que en este caso sería de unos 1.700 millones de euros, salvo que la administración central pueda justificar causas de interés general.
La mención a la existencia de firma del contrato que incluye cláusulas abusivas se debe a que éste prevé indemnizaciones incluso si la concesionaria abandona el proyecto por una actuación negligente propia (que podría ser este caso), al no haber previsto los seísmos.
En cualquier caso, la declaración de interés general es necesaria pues resulta evidente que la decisión de paralizar un proyecto que está provocando seísmos, poniendo en peligro la vida de la gente, la estabilidad del terreno, además del impacto en el medio ambiente que genera, redunda en interés de todos.
Es de interés general que se paralice este proyecto de alto impacto y riesgo para la zona, es de interés general que se desmantelen las instalaciones para que se ponga fin de manera definitiva a un proyecto hostil para la zona, para los vecinos, para el medio ambiente y para la seguridad de todos. Y es de interés general que se depuren responsabilidades con aquéllos que aprueba proyectos contrarios al interés general en beneficio de empresas privadas ajenas al interés público.
Dado que la fiscalía ha abierto diligencias y está llevando a cabo una investigación sobre cómo se concedieron los permisos, la indagación debiera ampliarse a todo el proceso, incluida la negociación del contrato cuyas clausulas son excesivamente beneficiosas para la empresa privada. Es por ello necesario que desde la administración central se produzca la máxima colaboración para que se depuren las responsabilidades penales a que pudiera haber lugar.
Por todo ello, se ha presentado presenta la siguiente proposición no de ley por la que les Corts Valencianes instan al Gobierno Central a :
1. a resolver la relación contractual por las múltiples causas de interés general, dado que frente a los intereses económicos de la empresa que aduce que no existe riesgo sísmico se encuentra la realidad, tal es que el riesgo sísmico ya no es un riesgo siendo una realidad, que por tanto la reapertura del almacén es contraria al interés de la ciudadanía.
2. a iniciar un proceso para depurar responsabilidades políticas a los gestores públicos quenegociaron el contrato y autorizaron el proyecto de almacén submarino, a pesar de los riesgos que acarreaba, trasladando toda la información disponible a la fiscalía relativa a la totalidad del expediente que culminó con la autorización del almacén Castor con el fin de que en su caso se depuren las responsabilidades penales a que pudiera haber lugar.
3. a realizar los trámites necesarios para el desmantelamiento de la planta marina del Castor para poner fin definitivamente a este despropósito jurídico y ambiental en el que se ha dado prioridad a intereses ajenos al interés general.